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En la República Argentina, el traductor público es el único profesional habilitado para darle validez legal a una traducción mediante su firma hológrafa y sello o mediante su firma digital. Este carácter fedatario le otorga una marca distintiva que hace imprescindible su intervención cuando se busca garantizar la seguridad jurídica en las diferentes transacciones. Sus áreas de competencia incluyen la traducción al español de todo documento en idioma extranjero que deba presentarse ante reparticiones, entidades u organismos públicos en la República Argentina y la traducción del español a un idioma extranjero de todo documento que deba presentarse en el exterior. Con su firma y sello o su firma digital, el traductor público se responsabiliza ética y legalmente por su trabajo. Asimismo, el traductor público es el único profesional habilitado para actuar como intérprete y traductor en sede judicial.