Enfático repudio: La traducción pública no es una formalidad sino una garantía para la seguridad jurídica.

En los últimos días, durante un programa de televisión de alcance nacional #DDM, emitido el 23 de julio, se realizaron manifestaciones vinculadas con la traducción pública que merecen una aclaración institucional, ya que pueden generar confusión en la ciudadanía respecto del rol que cumple nuestra profesión. La intervención de un traductor público no constituye una mera exigencia “burocrática” ni una “costumbre administrativa”. Su fundamento radica en la necesidad de garantizar que los documentos redactados en idioma extranjero produzcan efectos jurídicos sobre la base de una traducción fiel, realizada por un profesional legalmente habilitado, que asume responsabilidad por su actuación y se encuentra sujeto al control ético y disciplinario de su colegio profesional. Asimismo, corresponde recordar que ninguna herramienta informática o sistema de inteligencia artificial sustituye la función del traductor público. Especialmente en procesos judiciales con elementos internacionales —como aquellos vinculados con la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes— la intervención del traductor público constituye una garantía para todas las partes involucradas. La correcta traducción de resoluciones judiciales, informes, certificados, comunicaciones entre autoridades centrales y demás documentación extranjera resulta esencial para preservar el debido proceso, el derecho de defensa y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, evitando interpretaciones erróneas que puedan afectar derechos fundamentales. Las tecnologías pueden constituir herramientas de apoyo para el ejercicio profesional, pero no poseen matrícula habilitante, no certifican la fidelidad de una traducción, no responden por su contenido ni pueden asumir la responsabilidad jurídica inherente a una actuación profesional. En un Estado de Derecho, la seguridad jurídica exige que quienes intervienen en actos con trascendencia legal conozcan y respeten el rol de cada profesión. Por ello, desde el Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de información técnicamente correcta sobre la traducción pública y con la defensa de una profesión que cumple un papel esencial en la administración de justicia, la actuación administrativa y la protección de los derechos de la ciudadanía. Invitamos a quienes participan del debate público a contribuir con información precisa y fundada, fortaleciendo así la confianza de la sociedad en las instituciones y en las profesiones reguladas. Cuando se debate públicamente sobre procesos judiciales que involucran derechos de niños, niñas y adolescentes, resulta indispensable que la información difundida sea jurídicamente precisa. La confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia también se construye evitando la difusión de conceptos que puedan generar confusión respecto de las garantías legales previstas por nuestro ordenamiento. Ver programa (desde el minuto 52:30), el diálogo en cuestión que dispara la alarma y el estado de alerta. Link del programa 👉 https://www.youtube.com/watch?v=kdH1FYzPpiM&list=PLn87bLEzxwZ6arj4SwhqLjGvcPbII36nM&index=1 Atentamente, Consejo Directivo del CTPPC